Sentencia A. 937/22

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-937/22

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA FUNDADO EN LAS DIFERENTES INTERPRETACIONES DEL FACTOR TERRITORIAL

 

Auto 937/22

 

 

Referencia: Expediente ICC-4139

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca.

 

Magistrado sustanciador:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 13 de enero de 2022, Fernando Ochoa Hernández, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Guacarí, Valle del Cauca, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso toda vez que, el 8 de octubre de 2021 elevó petición[1] mediante correo electrónico a la mencionada secretaría, a efectos de corregir en el RUNT la información sobre su vehículo de carga, pero ésta declaró que carecía de competencia territorial para tramitar la misma y no la remitió a la entidad correspondiente.

 

2. El accionante precisó que, “la respuesta emitida por la SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE GUACARÍ, omite por completo su deber de remitir la petición a la entidad competente, y con esto generando una dilación en el correcto proceder del proceso”[2].

 

3. El 14 de enero de 2022, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad a la que le fue asignado por reparto el asunto, consideró que en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021, carecía de competencia territorial para asumir su conocimiento ya que, “de la solicitud de tutela se desprende que el lugar donde ocurre la violación que motiva la acción es el municipio de Guacarí (Valle del Cauca), el cual se encuentra adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte accionada, razón por la cual, el presente trámite constitucional corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí (Valle del Cauca)”[3].

 

4. El 18 de enero de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, propuso el conflicto negativo de competencia y remitió la controversia a la Corte Constitucional al estimar que, “debió permanecer bajo el conocimiento del Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial del Bogotá D.C., que le correspondió inicialmente por reparto. Además, dicho Despacho a quien le fue repartida la acción de tutela no tuvo en cuenta el PARÁGRAFO 2 del Decreto 33 de 2021,artículo1º,que dice: ‘Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia’”[4].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y carácter sumario que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

6. En la presente oportunidad, esta corporación está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia a pesar de integrar la funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

7. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma^[8], así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[10] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[11].

 

8. Este tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[12], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[13].

 

9. De otro lado, esta corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[14] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[15]. En efecto, ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

10. Así mismo, es importante destacar que el factor territorial de competencia en materia de tutela está previsto en función del titular de la misma. Por tanto, acudir a la acción de tutela a través del representante legal, un apoderado judicial o quien invoca su condición de agente oficioso no altera la titularidad de la acción y en ese sentido, no modifica las reglas de competencia.

 

III.           CASO CONCRETO

 

11. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)           Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial pues, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá fundó su incompetencia en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021, el cual reproduce en su primera parte el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, al precisar que “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas (…)”.

 

(ii)        La Sala considera que contrario a lo manifestado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, los argumentos de incompetencia señalados por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá aluden a verdaderas razones de competencia territorial y no así, a reglas de reparto.

 

(iii)     En este sentido, la presunta vulneración del derecho al debido proceso del accionante se generó en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, toda vez que desde ese lugar la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guacarí omitió redireccionar el trámite del derecho de petición, a efectos de enviar la solicitud a la autoridad de tránsito con competencia territorial para responderla de fondo. Adicionalmente, la Sala no advierte que en la ciudad de Bogotá se puedan extender los efectos de la supuesta vulneración del derecho al debido proceso ya que, carece de información concluyente que le permita definir si, en ese lugar la omisión alegada le esté generando alguna repercusión, máxime si se tiene en cuenta que, lo único que hace referencia a la ciudad de Bogotá, en el expediente, es la dirección de notificación de sus apoderados, información que no altera la titularidad de la acción de tutela, a efectos de analizar la configuración del factor territorial.

 

(iv)      En consecuencia, la Sala atribuirá el conocimiento del asunto al Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, al ser la autoridad con competencia territorial para definir la tutela de la referencia y no le otorgará prevalencia al criterio a prevención, en atención a la información contenida en el expediente.

 

12. Con fundamento en lo anterior, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 18 de enero de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, en el proceso de tutela promovido por Fernando Ochoa Hernández. Razón por la cual, remitirá el expediente ICC-4139 al mencionado despacho para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 18 de enero de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, en el proceso de tutela promovido por Fernando Ochoa Hernández.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4139 al Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle del Cauca, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

---